Trabajadores del sector público podrán realizar trabajo remoto hasta fin de año

El Ejecutivo emitió un decreto que autoriza a las entidades públicas implementar el trabajo remoto hasta el 31 de diciembre. Trabajadores con licencia con goce de haber deberán compensar horas no laboradas incluso en 2021.

El Poder Ejecutivo fijó las medidas temporales excepcionales para trabajadores del sector público ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, entre las cuales se detalla que hasta fin de año las entidades públicas están autorizadas a implementar la medida de trabajo remoto.

Mediante Decreto Legislativo Nº 1505 se establecen 8 medidas que las entidades públicas pueden implementar de manera excepcional hasta el 31 de diciembre del 2020

  • Realizar trabajo remoto, en los casos que fuera posible. Asimismo, las entidades pueden establecer modalidades mixtas de prestación del servicio, alternando días de prestación de servicios presenciales con días de trabajo remoto.
  • Proporcionar a los servidores civiles equipos informáticos a efectos de ser destinados en calidad de préstamo para la realización del trabajo remoto, cuando corresponda.
  • Reducir la jornada laboral.
  • Modificar el horario de trabajo.
  • Establecer turnos de asistencia al centro laboral, en combinación con el trabajo remoto, en los casos que fuera posible.
  • Proporcionar medios de transporte para el traslado de los servidores civiles al centro de labores y de vuelta hacia un punto cercano a sus domicilios, así como para el apoyo al desarrollo de sus funciones cuando estas requieran la movilización por la ciudad.
  • Proporcionar los equipos de protección personal a los servidores civiles.
  • Vigilar la salud de los servidores civiles.

En ese sentido, de acuerdo a la norma, las entidades públicas deben prever que las medidas temporales excepcionales no colisionen con aquellas que se encuentran vigentes en la entidad y que, por su naturaleza, tengan la misma finalidad, de modo tal que no supongan una desnaturalización de estas últimas o las conviertan en incrementos remunerativos.

Las medidas adoptadas por las entidades públicas deben tener en cuenta las condiciones particulares de los servidores públicos con discapacidad.

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